La normativa sobre instalación de placas solares -y otras renovables- en comunidades de vecinos

Debemos partir de que en la Ley 49/1960 de Propiedad Horizontal coexisten dos régimen para instalar estas tecnologías, por un lado está la posibilidad de instalarlo en el inmueble pero únicamente para uno o varios propietarios y por otro lado una instalación general para el conjunto de copropietarios. En consonancia la segunda tendrá un régimen más restrictivo para su adopción que la primera, como a continuación se expone.

1) Para determinados propietarios (no todos): según el art. 17.1 LPH será posible que estos propietarios instalen sistemas de aprovechamiento de energías renovables (como podrían ser por ejemplo placas solares) «a petición de cualquier propietario, por un tercio de los integrantes de la comunidad que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participación».  Es decir bastaría con que un tercio voten a favor para que se puedan instalar estas tecnologías para determinados propietarios.

No obstante esta opción tiene importantes límites y es que la instalación correrá por cuenta solamente de aquellos que hayan votado a favor, o a sensu contrario todo aquel que no haya votado estrictamente a favor no deberá contribuir ni a la instalación ni al mantenimiento, si bien, como es lógico, tampoco podrá disfrutar en manera alguna de las nuevas instalaciones, pues si así lo quisieran deberán pagar a posteriori la parte proporcional a las instalaciones realizadas.

2) Por otro lado está la posibilidad de adoptarlo como un elemento común que vincule obligatoriamente a todos los propietarios -sin posibilidad de excepción- en los términos del art. 17.2 LPH, que ha sufrido recientes e importantes reformas para aliviar y agilizar sus requisitos mediante el Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre y posteriormente por la Ley 10/2022, de 14 de junio.

Según este precepto se requerirá el voto favorable de la mayoría simple de los propietarios -más votos a favor que en contra, aunque no necesariamente más del 50%- que a su vez representen la mayoría simple de las cuotas de participación. Además se establece un límite monetario adicional y es que la obra en cuestión no puede suponer anualmente, una vez descontadas las ayudas públicas y subvenciones,  una cifra superior a doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.

Dado que el régimen para su adopción es más restrictivo las posibilidades para el propietario que vote en contra se reducen y si en la primera opción podía facilmente desvincularse, en esta segunda alternativa no le asiste esa posibilidad, aunque siempre podrá impugnar los acuerdos adoptados en vía jurisdiccional al amparo del art. 18.1 LPH. En todo caso los gastos de la instalación y su mantenimiento tendrán la consideración de gastos comunes de la comunidad y todos los propietarios deberán contribuir a su sufragio.

En caso de que se excediera los límites que fija este artículo -por ejemplo que el coste de la instalación sea superior a las 12 cuotas ordinarias- entendemos que se debería tratar como si de una obra de mejora se tratare, es decir, aplicar el art. 17.4 LPH y por tanto se necesitaría una mayoría cualificada de las tres quintas partes de propietarios que representen también las tres quintas partes de las cuotas de participación, contando el propietario disidente con importantes prerrogativas.